Con la intención de perpetuar el régimen en el poder, pensando incluso en cómo podría quedar la situación de España tras la muerte de Franco, en 1967 se promulga la Ley Orgánica del Estado, una ley que pretendía ser una suerte de Constitución, aunque nunca podría llegar a serlo al faltarle lo esencial, es decir, que emanara del pueblo.

En ella se diferenciaban por primera vez las figuras del Jefe del Estado, que seguiría recayendo en Franco en ese momento, y del Presidente del Gobierno, cargo que correspondería en 1972 al almirante Carrero Blanco, por entonces principal candidato a suceder a Franco en el poder.

Aparte de esta ley, en la segunda mitad de los años 60 se promulgaron otras leyes y se tomaron otras medidas con la intención de suavizar las formas, pero sin intención de abandonar el régimen dictatorial:

• Ley de Prensa e Imprenta, en 1966, por la que se reducía la censura, y que permitió una mayor libertad para criticar al régimen, aunque en ningún caso se pueda hablar de libertad de prensa como en un país democrático.
• Ley de libertad religiosa, promulgada en 1967, que era una ley que adoptaba las medidas tomadas en el Concilio Vaticano II, (concilio que renovó la Iglesia Católica), pero era una ley que seguía manteniendo las restricciones impuestas a las demás confesiones.
• En 1969 se designa a Juan Carlos I como su sucesor en la Jefatura del Estado, Príncipe de España y heredero de la Corona, sin determinar cuándo sería nombrado rey.

La oposición a la dictadura fue tomando forma en este periodo, aunque todavía de manera muy residual. Los principales grupos opositores se encontraban entre los estudiantes, los sindicatos e incluso dentro de la Iglesia. Sin embargo, las acciones más beligerantes vinieron de mano de la banda terrorista ETA, que actuó por primera vez en 1968.