Durante los diez primeros años del reinado de Isabel II, el Partido Liberal Moderado se mantuvo con gran frecuencia en el poder, siendo presidido el gobierno varias ocasiones por su líder, el general Narváez. El moderantismo se apoyaba en los sectores privilegiados, tales como el clero, la aristocracia y la burguesía adinerada. 

En este periodo se aprobó la nueva Constitución de 1845, la cual modificaba varios aspectos progresistas de la carta magna de 1837. Los puntos más importantes del nuevo documento fueron:

• Sufragio censitario. Se restringió el voto en función de la riqueza y del nivel de estudios.
• Soberanía del Estado compartida entre la Corona y las Cortes.
• Restricción de la libertad de prensa.
• Concordato con la Santa Sede. Se acordó el mantenimiento del culto católico y paralizaban las desamortizaciones de los bienes del clero. 
• Centralización del Estado. El gobierno elegía directamente a los alcaldes de las principales ciudades y se establecía una nueva estructura administrativa nacional. 

Durante este periodo también se lleva a cabo la creación la Guardia Civil (1844), se pone en marcha un sistema nacional de instrucción pública y se redacta un Código Penal (1848).

A lo largo de la Década Moderada se fraguó una escisión dentro de las filas progresistas, dando lugar a dos facciones. Por un lado, estaban los republicanos, que defendían la proclamación de la república como forma de gobierno; y por otro, los demócratas, cuya base era la defensa del sufragio universal pero dentro de una monarquía parlamentaria.

En 1854, tras el pronunciamiento de Vicálvaro, llevado a cabo por el general O'Donnell y ampliamente apoyado por una insurrección popular, la reina Isabel II entregó el poder a los progresistas. Espartero y O'Donnell conformaron un nuevo gobierno que trató de restaurar la Constitución de 1837 y sus principales reformas. Comenzaron dos años de fuertes cambios progresistas.

Se aprobó la Ley de Ferrocariles, que impulsó la construcción de la red ferroviaria en España y el desarrollo industrial del país. También se llevó a cabo un nuevo proceso desamortizador organizado por Madoz entre 1854 y 1855.  Este afectó a las propiedades de las "manos muertas" o bienes eclesiásticos y los "baldíos" o bienes comunales.

Durante la última etapa del periodo isabelino, entre los años 1856 y 1866, existió una alternancia en el gobierno. Esta se llevaba a cabo entre los moderados de Narváez y el partido de O'Donnell, la Unión Liberal, que agrupaba a los progresistas menos radicales y los moderados más reformistas. 

Las actuaciones de estos gobiernos fueron autoritarias, sin tener en cuenta a las Cortes y llevando a cabo una fuerte represión contra los sectores progresistas. Se impuso una política colonialista con intervenciones en Marruecos, Indochina y México, que provocó numerosos problemas económicos al Estado.

En 1866 el sistema isabelino cayó en una grave crisis económica, política y social. Debido al hambre, las revueltas fueron continuas, tanto en zonas rurales como urbanas. Aumentó el descontento de los políticos republicanos, progresistas y demócratas, excluidos de la actividad de las Cortes y sometidos a una fuerte represión. Por último, el Ejército estaba cada vez más alejado de la Corona y del Gobierno.

Por todas estas razones, en 1866 se firmó el Pacto de Ostende por iniciativa del general progresista Juan Prim. Se trataba de un acuerdo rubricado por progresistas, republicanos y demócratas que tenía como objetivo la expulsión de la familia real. Dos años después estallaría la revolución de 1868, conocida como "La Gloriosa", iniciándose así el Sexenio Democrático.